Lo real y concreto es que la indignación no sólo quedará en el plano mental y en el prurito dérmico, sino que la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) a través de la Federación Regional (FERTI) formalizará una queja documentada por Abuso de Autoridad y Exposición al Peligro, contra el juez del Primer Juzgado Civil de Ica, doctor Alfredo Alberto Aguado Semino, quien personalmente dirigió el lanzamiento desde las ocho de la mañana y que se prolongó por varias horas.
El Secretario Regional de la CGTP, Félix Cabrera Ramírez, detalló que el desalojo se cumplió con la participación de más de 100 efectivos policiales, cerca de un centenar de trabajadores de Pro Agro que -según dijeron- fueron llevados con engaños y elementos de mal vivir.
"El juez sabía muy bien que los ancianos iban a ser desalojados en forma brutal, porque la Policía hasta bombas lacrimógenas llevó y armas de largo alcance, por lo que debió disponer que la empresa agrícola interesada contrate una ambulancia en caso se produzca algún herido. A la misma anciana Asunta pudo darle un infarto o sufrir alguna caída durante el forcejeo que tuvo cuando se resistía a que la despoje de su predio que legítimamente obtuvo", remarcó Cabrera.
"Este tipo de jueces insensibles e irresponsables no deben administrar justicia en nuestra ciudad, ya que no nos ofrecen la garantía de una absoluta imparcialidad y objetividad, pues hemos visto que hubo ensañamiento, no sólo por los delincuentes de Mollendo que llegaron, sino que el juez permitió que con maquinaria pesada derriben la vivienda precaria de la viejita, sepultando entre escombros los animales de corral que criaba", señaló el dirigente sindical.
Contó que el juez Aguado Semino planeó el desalojo con estrategia de guerra, utilizando el factor sorpresa para que la parte demandada no organice su defensa y no reciba apoyo de los vecinos. "Cuando llegamos con la Guardia Obrera para defender a la anciana, alrededor de las once y treinta de la mañana, ya todo estaba consumado. La Policía por orden del juez ya le había dado posesión del predio a Pro Agro, cuyos representantes lo adquirieron de manera irregular a Remmy Medina Binda, conforme a un informe especial del PETT y que mereció una denuncia por parte del Procurador Público del Ministerio de Agricultura", mencionó Félix Cabrera.
Detenida en Comisaría
Reveló que doña Asunta Gutiérrez permaneció detenida en la Comisaría de Villacurí hasta las nueve de la mañana de ayer (cerca de 24 horas), obteniendo su libertad por gestiones del abogado de la CGTP, doctor César Mendoza Huamaní, quien actúa de manera ad honoren.
Durante el forcejeo que sufrió la septagenaria, una agente PNP se hizo una herida en el brazo, ya que al cogerla por la fuerza se pinchó con una aguja grande y curva que la campesina tenía prendida en su chompa, la cual utiliza para coser costales. Al parecer los policías pensaron que la humilde campesina había atacado a la Sub Oficial, por cuyo motivo se excedieron tratándola como si fuese una vulgar delincuente.
En declaraciones a la prensa, doña Asunta manifestó que desde el año 1998 con su esposo viene conduciendo el predio "Santa Raquelita", integrante del predio "Colca", donde realiza trabajos de agricultura y ganadería, pero que por falta de agua los sembríos se secaron y que con los animales no les fue bien, debido al boicot constante que han sufrido por parte de la empresa agrícola que alega ser dueña de toda la propiedad.
Narró que desde el año 2001 con una serie de recursos tramitó la adjudicación del predio "Santa Raquelita", la cual se les denegó. Es así que el año 2002 solicitaron una prueva anticida de Inspección Judicial en el Segundo Juzgado Civil de Ica, donde el juez Alberto Aparcana Escate realizó la respectiva constatación de la vivencia y los trabajos de agricultura y vivienda realizados en el predio mencionado.
Detalló que el año 2004 Remmy Medina Binda y esposa adquirieron la adjudicación del predio "Colca", sin haber estado en posesión del mismo y no haber realizado explotación económica, gracias a que los entonces burócratas del PETT le expidieron irregularmente una constancia de posesión, acreditando falsamente que se encontraban allí por espacio de cinco años. Luego dichas personas transfirieron la propiedad a la empresa Pro Agro S.A. Lo extraño es que el juez Aguado nunca advirtiera dicha irregularidad y le haya dado la razón a la agroexportadora.
Por: Daniel Bravo Dextre
No hay comentarios:
Publicar un comentario